La inseguridad sigue siendo la principal preocupación de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, casi dos (2) de cada tres (3) porteños lo consideran el problema más grave. Sin embargo el gobierno nacional y también el de la Ciudad, desconocen la verdadera magnitud de la situación ya que no se cuenta con un sistema integrado de información y estadística criminal. Esto significa que las distintas fuerzas de seguridad que intervienen en la capital del país y el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de ambas jurisdicciones, no intercambian ni analizan la información que cada uno produce.
La ausencia de este instrumento impide anticiparse al delito ya que se interviene recién después que sucedió, esta política de seguridad reactiva se consolidó durante estos años; el Estado llega tarde, cuando llega, y en la mayoría de los casos no identifica ni sanciona al responsable, por lo que la regla es la impunidad frente al daño ocasionado.
La casi nula llegada de ”la Justicia” y los obstáculos de la burocracia, deterioran la confianza en la denuncia ante el descreimiento de su utilidad, recuperar su valor es también esencial para mejorar la confiabilidad de los datos. La utilización de las nuevas tecnologías nos permite descentralizarlas con la posibilidad de utilizar la web o aplicaciones específicas, reduciendo la “cifra negra” del delito” y mejorando la sistematización y el análisis de la información, inclusive para intervenir en tiempo real.
Construir el mapa del delito permitirá darle valor agregado a la información reunida y a los informes de victimización que ya se producen anualmente en la Ciudad. El conocimiento de los tipos de delito, las zonas, los horarios, la modalidad; implican la posibilidad de analizar de manera inteligente la situación, para implementar estrategias que colaboren con la prevención y reduzcan el tardío arribo de la presencia estatal.
Durante los últimos años, los gobernantes se negaron a informar la situación del país en el que vivimos. El acceso a la información es un derecho y la ley 25266 hace responsables a los funcionarios que violen su obligación de informar las estadísticas del delito; pero que nos hayan impedido saber, también ha significado la dificultad de analizar seriamente la realidad para proponer y poner en marcha, con responsabilidad, herramientas idóneas para abordar el flagelo de la inseguridad y saber, a ciencia cierta, el impacto de las políticas públicas que se implementan.
El compromiso de construir un mapa del delito es entonces, una buena noticia para mejorar la seguridad pública.
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