lunes, 9 de diciembre de 2013

Accidentes viales


Bajan los accidentes de autos, pero crecen los que involucran a motos

Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Bahía Blanca casi el 60% de los choques tienen a una motocicleta como protagonista; el 16% resulta mortal
Autor:     Mauricio Giambartolomei  
Fuente:  La Nación

La participación de motos y ciclomotores en accidentes de tránsito se fue incrementando en los últimos cinco años, al contrario de lo que sucedió con los vehículos. En 2009, el porcentaje apenas alcanzaba el 15%, mientras que en 2013, con un parque que aumentóconsiderablemente, llegó al 31% en todo el país. En la vereda opuesta, aunque con cifras mayores, el porcentaje de la participación de automotores pasó del 55% a un 47%.
Los datos surgen de un informe nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que se dio a conocer apenas horas después de conocerse el caso de una persona que transitó 20 kilómetros por la Panamericana con partes de una moto, a la que había atropellado, debajo de su auto.
Bahía Blanca tiene uno de los mayores índices de participación de motocicletas en accidentes de tránsito con un 57%. De esa cifra, un 16% de siniestros son mortales.
En Bahía Blanca, por ejemplo, tomó estado público el caso de un joven que se filmó evadiendo controles de tránsito a toda velocidad y luego compartió el video en las redes sociales. "Tomarse a juego algo que es tan grave: uno de cada cuatro siniestros con motocicletas termina en muerte y en la mayoría de los casos se vinculan con imprudencias", sintetizó el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, responsable también de la ANSV.
La información puso en alerta a las organizaciones que trabajan en pos de evitar los accidentes. Y también abrió un debate sobre las condiciones en que se realizan los controles de tránsito y los materiales con los que se fabrican los elementos de seguridad, por ejemplo, el casco.
Según las cifras de los últimos años procesada por la ANSV, en 2009 la incidencia de las motos y/o ciclomotores era del 15%. Pero el porcentaje se fue incrementando a medida que pasaron los años. En 2010 fue del 17%, en 2011 llegó al 19% y en 2012 alcanzó el 26%, para terminar en 2013 en el 31%. Esto se debe, de acuerdo con la explicación de la Agencia, al crecimiento del parque automotor. La última cifra para comparar es de 2012, cuando en todo el país había registradas 4.774.109; en 2011 eran 4.091.639.
"Los motociclistas son conductores vulnerables, y con el aumento de la cantidad de motos en la calle, si no se adoptan medidas específicas para este sector, veremos muchos más accidentes" explicó días atrás David Melton, un especialista en seguridad vial que trabajo durante 45 años en Asia, Europa y América latina, de visita en Buenos Aires.
"Trabajamos en el endurecimiento de los controles y vamos a profundizar esa política", prometió Randazzo quien, según dijo prefiere "que un padre vaya a buscar la moto de su hijo a un corralón y no a la morgue a reconocer su cadáver".
Para Viviam Perrone, miembro de la asociación Madres del Dolor, "hay menos controles del uso del casco y también de los materiales con los que se fabrican. Nos llegan muchos casos de muertos que usaban el casco al momento del accidente", dijo Perrone a LA NACION.
Las cifras oficiales de la ANSV, sin embargo, hablan de la entrega de 50.000 cascos protectores a motociclistas.
Por otra parte, y a contramano de lo que ocurre con las motocicletas, el porcentaje de accidentes de tránsito en los que está involucrado por lo menos un auto bajó considerablemente. En 2009 era de 52,5%; en 2010 cayó a 51,47%; en 2011 alcanzó el 51,77% y en 2012 (la última medición en este rubro) fue de 47,15%.

"El exceso de velocidad es una de las principales causas de muerte en hechos de tránsito y, si se da en moto, es más riesgoso, ya que incrementa 17 veces las probabilidades de morir que en un auto", sintetizaron desde la ANSV.

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lunes, 2 de diciembre de 2013

Piratería marítima




En los últimos años han aumentado significativamente los ataques piratas contra barcos, en particular en el Golfo de Adén, la cuenca de Somalia y el Océano Índico. Este tipo de sucesos afecta a amplias zonas marítimas, por lo que resulta difícil prevenirlos.
La piratería marítima afecta a las principales rutas de navegación y pone en peligro las vidas de marineros y marinos mercantes provenientes de todas las partes del mundo, centenares de los cuales son secuestrados cada año.
Los piratas reciben rescates de millones de dólares, que presuntamente se reparten entre ellos mismos, sus cabecillas y las personas que financian las operaciones. La información disponible indica que actualmente parte del dinero se reinvierte en el extranjero a través de emigrantes somalíes.
El rastreo de los flujos financieros de los rescates es uno de los principales retos que afrontan los organismos encargados de la aplicación de la ley.

La respuesta de INTERPOL

En estrecha colaboración con la comunidad internacional, el Grupo Especializado de INTERPOL sobre Piratería Marítima se centra en tres áreas principales para combatir este tipo de delincuencia:

Mejorar la recopilación de pruebas

El entorno marítimo plantea problemas especiales para la recopilación de pruebas. INTERPOL proporciona asesoramiento, formación y equipos a sus países miembros de todo el mundo, a fin de mejorar la cantidad y la calidad de los datos recogidos, y garantizar su adecuada conservación y análisis.
Actualmente INTERPOL está elaborando una base de datos mundial sobre piratería marítima, gracias a la cual pronto estará en condiciones de mejorar el análisis de las redes de piratería y ayudar a los países miembros a identificar y detener a personas destacadas de la piratería marítima somalí (es decir, quienes dirigen y financian los ataques), así como a localizar sus activos.

Facilitar el intercambio de datos

Un único caso de piratería a menudo afecta a varias naciones. Es posible que los buques tengan pabellón, armador y fletador de países diferentes y que sus tripulaciones sean multinacionales. Los piratas y la marina de guerra que los captura también pueden ser de países distintos del que desea investigar el caso y enjuiciar a los delincuentes. Por este motivo, resulta crucial el intercambio de información entre las autoridades militares, policiales y judiciales de los distintos países implicados.
Nuestro sistema mundial de comunicación policial protegida, conocido como I-24/7, y nuestro sistema de notificaciones son esenciales para el intercambio de datos y la detención de los presuntos piratas.

Capacitación a escala regional

Casi todos los procesos penales por piratería marítima se llevan a cabo en países de África o de Asia. Por consiguiente, nos dedicamos a potenciar las capacidades de las unidades de investigación policial a escala regional. Proporcionando formación y equipos especializados antes de los juicios, podemos aumentar las posibilidades de que se condene a los delincuentes.

Colaboración

Dado el alcance y la naturaleza de la piratería marítima, la colaboración internacional e intersectorial es esencial para prevenir, investigar y perseguir estos delitos. Por esta razón, cooperamos con las siguientes organizaciones internacionales:
Asimismo, colaboramos estrechamente con varias organizaciones militares y empresas del sector privado.


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martes, 19 de noviembre de 2013

Estadística delictiva


Casi tres crímenes por día en el GBA, Capital y La Plata en 2012

Autor:     Fernando Soriano

Fuente:   www.clarin.com
Fecha:     19 NOV 2013

Un informe de la Corte Suprema reportó que hubo 995 asesinatos. La tasa da 6,93 por cada 100 mil habitantes. En el Conurbano, 7 de cada 10 víctimas murieron baleadas y el 32% fue durante robos.
Durante 2012, casi tres personas murieron por día asesinadas dentro del área de la Ciudad de Buenos Aires, Conurbano y La Plata. De acuerdo con los datos incluidos en un informe elaborado por la Corte Suprema, y presentado ayer por el ministro Raúl Eugenio Zaffaroni, se registraron 995 homicidios dolosos (cometidos con intención) en estas jurisdicciones, donde viven casi 15 millones de personas.

De ese total, 789 crímenes corresponden al GBA, 158 a Capital y 48 a La Plata. El total implica una tasa de 6,93 por cada 100 mil habitantes (5,46 para Ciudad y 7,66 para el Conurbano), una proporción que el propio juez consideró “alta, en comparación con Europa y Canadá”, pero “baja” y “similar” a las que se registran en Uruguay y Chil e, países que están por debajo de la media en América Latina. 

Un dato que se destaca en el documento es que no fueron los robos la principal causa de estas muertes durante el año pasado. Los homicidios por robos puros representan el 15% en Ciudad, el 19% en el Conurbano y el 12% en el Departamento Judicial de La Plata. Pero si se agregan los cometidos en legítima defensa o por intervención policial –en hechos que por lo general se presumen vinculados al robo– ascienden al 26% en la Ciudad, al 32% en el Conurbano y al 16% en La Plata. En cualquier caso, son ampliamente mayores los casos de homicidios motivados en reyertas, venganzas, ajustes, enemistad, entre otros: ascienden al 39% en la Ciudad, al 41% en el GBA y al 48% en La Plata.

Zaffaroni presentó el estudio en el Palacio de Justicia, acompañado por su par Juan Carlos Maqueda y Arturo Puricelli, ministro de Seguridad, entre otros. El informe fue desarrollado por el equipo del Instituto de Investigaciones de la Corte, bajo la coordinación de Zaffaroni, por tercer año consecutivo. Aunque es la primera vez que se aportan datos de todas las jurisdicciones judiciales del Conurbano: La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno, Morón, Quilmes, San Isidro y San Martín.

El estudio destaca la alta incidencia del uso de armas de fuego en los crímenes cometidos en el Conurbano, que llega al 68%.

“Indica la necesidad de continuar y profundizar el desarme”, remarcó Zaffaroni.

En cuanto a los autores no identificados (o no completamente identificados), el porcentaje en la Ciudad y el GBA es alto (46% y 33%, respectivamente), mientras que en La Plata es del 11%. Y es muy baja la proporción de victimarios menores de 16 años (inimputables): 1% en Ciudad y 2% en el Conurbano y en La Plata. “Los tres años de investigación demuestran claramente que la insistencia mediática en que la solución a la violencia homicida dependa de la punición de los menores de 16 años, resulta claramente desmentida”, escribió Zaffaroni.

 También es baja la participación en homicidios de población extranjera, que en todo el Conurbano representa un 8%, con mayoría de peruanos y paraguayos.

Los departamentos judiciales que registran mayor cantidad de homicidios son Moreno-General Rodríguez (9,44 cada 100 mil) y La Matanza (9,45). Si la comparación se hace por cada municipio, los que registran la mayor concentración de crímenes dolosos son José C. Paz (12,79 por 100 mil habitantes); Quilmes (12) y San Martín (10,8). En Lomas de Zamora, que tiene una tasa de 10,5, el 58% de los homicidios se dieron en la localidad de Ingeniero Budge (38 de los 65 casos), donde el domingo pasado un ladrón mató de un tiro al cabo de la Policía Federal, Sergio Ibarra, cuando iba en el auto junto a su esposa.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tasa de 2012 es la más baja de los últimos tres años, con 5,46 crímenes dolosos por cada 100 mil habitantes.

Según cifras de Naciones Unidas (ONU) está muy por debajo de ciudades como Caracas (122), San Pablo (10,8), México DF (8,4) o incluso Nueva York (5,6)


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lunes, 11 de noviembre de 2013

Contramedidas


Una carpa inviolable: el arma secreta de Obama para protegerse de los espías

Se instala en los hoteles cuando viaja al exterior. Allí ingresa para eludir posibles cámaras de videos o micrófonos.
Fuente:   The New York Times. - 11/11/13 

Cuando el presidente Barack Obama viaja al extranjero, su personal empaca libros de instrucciones, regalos para los dignatarios extranjeros y algo que se relaciona más con el salir de campamento que con la diplomacia: una carpa.

Aun cuando Obama viaje a países aliados, sus asistentes rápidamente arman una carpa de seguridad –con paredes impenetrables y dispositivos de ruido en su interior– en una habitación de hotel cercana a su suite. Cuando el presidente tiene que leer un documento confidencial o mantener una conversación sensible, entra a la carpa para protegerse de las cámaras de video secretas y los dispositivos de escucha.

Los agentes de seguridad de los Estados Unidos exigen que sus jefes –no sólo el presidente sino también los miembros del Congreso, los diplomáticos, los funcionarios y los militares– tomen esas precauciones cuando viajan al exterior porque en general se reconoce que los anfitriones a menudo no tienen reparos en espiar a sus invitados.

EE.UU. ha recibido duras críticas en las últimas semanas por las revelaciones de que la Agencia Nacional de Seguridad escuchó las conversaciones privadas de dirigentes aliados como la canciller de Alemania Angela Merkel. Un panel creado por Obama en agosto para revisar esa práctica, entre otras cosas, tiene previsto presentar un informe preliminar esta semana y el informe final a mediados del mes que viene. Pero los funcionarios estadounidenses suponen –y pueden presentar pruebas– de que reciben el mismo tratamiento cuando viajan al extranjero, incluso de parte de aliados de la Unión Europea.
“Dondequiera que estemos, hoy día estamos en la mira”, dijo R. James Woolsey Jr., director de inteligencia central durante el gobierno de Clinton. “A dondequiera que vayamos, países como China, Rusia y gran parte del mundo árabe tratan de espiarnos, de modo que uno debe pensar en eso y tomar todas las precauciones posibles”.

En un viaje a América Latina en 2011, por ejemplo, una foto de la Casa Blanca mostraba a Obama hablando desde una carpa de seguridad en la suite de un hotel de Río de Janeiro con Hillary Rodham Clinton, entonces secretaria de Estado, y Robert M. Gates, secretario de Defensa de aquel momento, sobre la guerra aérea contra Libia que se había lanzado el día anterior. Otra foto, tomada tres días después en San Salvador, lo mostraba consultando a sus asesores sobre el ataque desde la carpa.

Los portavoces del Departamento de Estado, la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional no accedieron a dar detalles de las medidas que toma el gobierno para proteger a los funcionarios en el extranjero. Pero más de una docena de funcionarios y ex funcionarios, la mayoría de los cuales hablaron de forma anónima, describieron algunas de esas medidas en entrevistas.

Estas van desde advertir a los funcionarios que viajan al exterior que deben suponer que cada cosa que digan y hagan está bajo vigilancia y pedirles que revisen sus celulares en busca de dispositivos de escucha después de visitar oficinas del gobierno, a equipar la limusina del presidente, que siempre viaja con él, para que las conversaciones privadas sean privadas. Obama lleva un BlackBerry especialmente encriptado.

También se adoptan contramedidas en suelo estadounidense. Cuando los secretarios del gabinete y los altos funcionarios de seguridad nacional asumen su cargo, el gobierno equipa sus casas con habitaciones seguras especiales para conversaciones y uso de computadoras ultrasecretos.

Se revisten con láminas de metal y se aíslan acústicamente. Se recomienda una habitación interior, preferiblemente sin ventanas. 

No se sabe con certeza cuándo los funcionarios estadounidenses empezaron a usar las carpas al viajar. Según varios ex funcionarios, George J. Tenet, director de la CIA de 1997 a 2004, fue uno de los primeros funcionarios en utilizarlas habitualmente.

“Clinton y la Casa Blanca lo usaban en Oriente Medio”, dijo un ex alto funcionario de inteligencia que trabajó directamente con Tenet. El funcionario señaló que la CIA insistía en que Tenet en particular usara la carpa en Israel porque este país tiene algunos de los software más avanzados para espiar. “Nos preocupábamos especialmente cuando nuestros anfitriones israelíes querían reservarnos habitaciones en el King David”, explicó el funcionario, refiriéndose a uno de los hoteles más conocidos de Jerusalén.

Muchas de las medidas que se toman en los viajes al extranjero están sólo dirigidas a los funcionarios de más alto rango porque son costosas y de difícil implementación. En lugar de la carpa, los funcionarios de menor rango pueden acabar utilizando estructuras más pequeñas que parecen cabinas telefónicas.

En definitiva, se apunta a usar el sentido común: “Operamos con conciencia de que todo lo que hagamos con un celular o un BlackBerry probablemente sea leído por alguien, o por muchos, en algún lugar”, reveló un diplomático estadounidense.

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jueves, 7 de noviembre de 2013

Sustracción de automotores


Un delito en alza: el robo de autos subió un 10% en el conurbano

El aumento se dio en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2012. A nivel país creció el 6%.
Entre la noche del lunes 12 y la madrugada del martes 13 de agosto pasado, el conurbano bonaerense fue el escenario de una seguidilla de tres asaltos cometidos en apenas cuatro horas. Todos esos hechos terminaron en homicidios, todos ocurrieron de noche y todos se dieron en el marco de intentos de robos de autos. Las víctimas fueron un contador, un ex policía aeroportuario y un colectivero.

En aquellas horas violentas se engrosó la tendencia registrada en los primeros nueve meses de este año: según un informe que difundió ayer del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), en ese plazo el robo de vehículos en todo el país aumentó un 6% con respecto a igual período de 2012. El 61,6% de esos hechos transcurrió en el conjunto de partidos del Gran Buenos Aires. Allí se confirmó una vez más la tendencia alcista registrada ya en el primer semestre de 2013, con un aumento del 10% en la cantidad de hechos

Otro de los datos significativos del estudio es que en el interior del país también hubo un incremento: fue del 11,4% de casos, en comparación al período enero-septiembre de 2012. En la Capital Federal, en cambio, hubo una disminución importante, del 11,3%.

El informe del Cesvi –elaborado a partir de datos aportados por las compañías aseguradoras– reveló también que los asaltos a mano armada se mantienen estables: con esa modalidad se produjo el 35% de los casos, algo similar a lo relevado en la medición anterior.

En el GBA en particular hubo subas en las zonas Norte y Oeste, mientras que hubo bajas en el índice de la zona Sur. Este sector del Conurbano, históricamente había sido el de mayor cantidad de robos de autos en el GBA. Pero en esta medición registró una baja del 2,8% y ratificó así las mediciones que se habían dado en el primer semestre de este año.

La zona Oeste del Conurbano reunió el 38% de los robos cometidos en el cordón que rodea a la Capital, además de experimentar un incremento del 19,2 % de los casos en el período de cotejo.

En el conurbano Norte este tipo de delito subió un 16,2%. El partido de Vicente López concentró el 20,4% de los casos en esa región, seguido por San Miguel (con el 10,4%) y San Isidro (9,5%). Pero mientras que en el primero el alza fue de 4,8%, en el segundo bajó un 8,4%, mientras que en San Isidro el delito se incrementó en un 36,4%. Todas esas localidades fueron ampliamente superadas por San Martín (donde hubo un aumento del 46,1%).

 En tanto, en Escobar la suba fue del 52,7%; en José C. Paz, del 31,9%; y en San Fernando, del 12,7%.

Además de la llamativa suba que se vivió en Escobar en los primeros nueve meses, fenómenos similares tocaron a localidades del sur como Berazategui (que aumentó un 20,9 %) o del oeste, como Hurlingham (con un incremento del 56,2%).

De todas maneras, una de las subas más llamativas la sufrió Ezeiza –territorio de Alejandro Granados, actual ministro de Seguridad provincial–, que si bien agrupa tan solo el 2,9% de los robos de autos computados para toda la zona Sur, según el trabajo del CESVI sufrió un incremento de 98,9% de casos con respecto a los primeros nueve meses del año pasado
 
Entre los partidos con más habitantes está La Matanza, con un 43,7% de la población de zona Oeste: allí se registró el 42,8% de los robos, lo que implica una suba del 24,2% de hechos en comparación a igual lapso de 2012.

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miércoles, 6 de noviembre de 2013

Narcotráfico


Las vías que nos llevan a ser un país narco

La Argentina se ha transformado en un importante mercado de producción y consumo de drogas, con mafias que libran feroces batallas por el control del territorio y crecen con la connivencia de policías, jueces y políticos

Autor:     Eugenio Burzaco 
Fuente:  www.lanacion.com 

El reciente atentado contra el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, en el que balearon su domicilio y sólo la suerte evitó una tragedia que lo involucrara a él o a su esposa, pone de manifiesto el grado de avance de la impunidad y la criminalidad narco en la Argentina. La ciudadanía tiene hoy una mayor conciencia de los hechos, porque los padece a diario, pues ya es hora de que la dirigencia política, toda, y por supuesto el Estado, asuman su responsabilidad y actúen para detener el asentamiento definitivo del narcotráfico en el país.
Históricamente, la Argentina fue un país de tránsitode drogas ilegales hacia mercados de consumo, sobre todo Europa y los Estados Unidos. La propia dinámica del negocio, el pago en droga, la liberalización del mercado sin políticas integrales sobre el tema y, por supuesto, la venalidad de algunos funcionarios, jueces, policías y comunicadores han hecho que la Argentina se transforme en un importante mercado de consumo y producción, con una injerencia regional del negocio ilegal muy significativa.
Se ha desarrollado, simultáneamente, un creciente mercado de consumo. Según las Naciones Unidas, en la última década duplicamos el consumo de marihuana y cocaína, con niveles de prevalencia muy similares a los mercados maduros de América del Norte y Europa.
La lógica se impuso porque los carteles que pasaban droga desde los países productores -Bolivia, Perú y Colombia- hacia el Norte les pagaban a los estadios intermedios en "especie", es decir, en drogas que éstos debían vender en el mercado local para hacerla efectiva. Se desarrolló así un mercado de consumo muy agresivo y una feroz pelea por el control del territorio para manejarlos. Esta lucha se dirime con asesinatos entre narcos o con la ejecución y exhibición de la muerte más cruel como escarmiento a aquellos que invaden el negocio de otra banda (lo vivimos y observamos en Rosario con estupor). También, con la corrupción y penetración en las policías, la Justicia y la política, como se verificó con el involucramiento de las más altas autoridades policiales de Santa Fe y Córdoba. Este año en Rosario se superarán los 200 homicidios intencionales, cifra que ubica a esa ciudad en una tasa de homicidios superior a Medellín o San Pablo (casi 20 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes).
Más grave aún es que la Argentina se ha vuelto un país que produce la última etapa de elaboración de la cocaína. La Argentina exportaba precursores químicos para producir las drogas hasta su etapa final en los países de origen. Hace más de una década, la droga entra como pasta base al país y aquí se elabora la última etapa en laboratorios locales. Somos el país donde se decomisan más laboratorios o cocinas fuera de los tres grandes productores de coca, inclusive por arriba de Venezuela, según la Undoc (siglas en inglés de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito).
Me tocó participar de un operativo con la Policía Metropolitana en el que se detuvo a una banda que operaba cuatro laboratorios (dos en Capital, a pocas cuadras de la Casa Rosada, y dos en el Gran Buenos Aires) y varios centros de distribución. Allí la presencia fuerte y destructiva del paco, que es un derivado de la pasta base mezclado con cualquier porquería, es ofrecida a jóvenes para reclutarlos como esclavos al servicio de los narcos, matar a la competencia, distribuir la droga, prostituirse o defender a los jefes. La altísima dependencia y necesidad de consumo transforma a los "soldaditos" en el último eslabón de la cadena narco, el más débil y dispensable.
La presencia de líderes de carteles regionales que viven y operan en Puerto Madero o en importantes countries del Gran Buenos Aires es cada vez más notoria. Desde el ingreso de la mujer e hijo de Pablo Escobar, hace quince años, hasta la presencia cada vez más activa de nuevos líderes y segundas líneas de carteles mexicanos y colombianos. Todavía se recuerda el caso de Unicenter, seguido de otros tres asesinatos más de narcos colombianos en los años siguientes. Héctor Duque Ceballos, "Monoteto", era el segundo líder del cartel de la Cordillera y vivía en el barrio Ayres del Pilar, aun cuando tenía pedido de captura internacional de Colombia y de los Estados Unidos. Tenía registradas varias entradas y salidas del país. Lo mismo la intervención del cartel de Juárez y de Sinaloa en el caso de la efedrina, necesaria para la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas, que terminó con el triple asesinato de General Rodríguez.
Pasamos de importar menos de una tonelada anual de efedrina para la producción de descongestivos en 2004 a más de 20 en 2007 (según Undoc, cinco veces la cantidad utilizada por toda la industria farmacéutica en los Estados Unidos, 30 veces más que Italia y 80 veces más que Chile). Nada de esto sería posible sin connivencia política y autoridades que miran para otro lado. La reciente detención en Pilar del colombiano Henry de Jesús López Londoño, "Mi Sangre", con familiares y cómplices viviendo varios meses en el país, pone de manifiesto la impunidad con la que se mueven los narcos. Los líderes de carteles internacionales operan y manejan sus negocios locales e internacionales desde la Argentina por la debilidad intrínseca del Estado, que les ha ido permitiendo instalarse.
Seguimos siendo un país colador donde es muy fácil penetrar por el espacio aéreo, que en más de un 90% se encuentra sin radarizar; con pasos fronterizos totalmente permeables, ríos y puertos sin control y aeropuertos donde salen recurrentemente importantes cantidades de drogas, como se verificó en el caso Juliá. En este contexto, tenemos a los gendarmes y prefectos desplegados en las grandes ciudades en vez de las fronteras, cumpliendo roles de policía comunitaria para la cual no están entrenados y con toda una serie de inconvenientes logísticos y operativos. Este desquicio en el sistema de seguridad interior lleva a que hoy las Fuerzas Armadas estén patrullando y cumpliendo roles de seguridad interior en la frontera, en franca violación a la ley de seguridad interior y de defensa. En la medida en que las drogas puedan circular con facilidad y elaborarse localmente, y los narcos puedan actuar con impunidad, el nivel de consumo local va a seguir aumentando y la violencia asociada a la pelea entre bandas narco va a seguir dejando su tendal de muertos en las grandes ciudades.
Ante estas crudas evidencias, las autoridades nacionales reaccionan negando la realidad, ya sea ocultando las cifras del delito (las estadísticas más actualizadas son de 2009), hablando de "sensación de inseguridad" o, más recientemente, con acciones espasmódicas y mediáticas que no siguen una lógica estratégica ni una acción inteligente producto de una política de Estado.
Llegó la hora de decir ¡basta!, de reaccionar con decisión e inteligencia ante la impunidad y la connivencia con la que se mueven estas mafias en el país. No podemos esperar otros dos años a que haya un cambio de Gobierno para ver si se aborda en profundidad esta amenaza que atenta directamente contra las raíces del mismo Estado. Tenemos que deponer visiones políticas partidarias y tratar de trabajar en conjunto, exigir y ayudar al Gobierno nacional y a los gobiernos provinciales antes de que sea tarde. Los narcos ya vinieron por nuestras instituciones y, lo que es más grave, por nosotros y nuestros hijos. Es hora de decir basta y de actuar en concreto con planes y soluciones reales.

© LA NACION
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viernes, 1 de noviembre de 2013

Filmación en el lugar de trabajo



Las cámaras fueron muy resistidas; ahora los juzgados laborales las aceptan como pruebas en juicios

Autora: Marilina Esquivel
Fuente: Diario La Nación

El artículo 70 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que "los sistemas de controles personales del trabajador destinados a la protección de los bienes del empleador deberán siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deberán practicarse con discreción y se harán por medios de selección automática destinados a la totalidad del personal".
Esa norma no se actualiza desde la sanción de la ley en 1976, por lo que no incluye las nuevas tecnologías, pero se interpreta que las cámaras se permiten en la medida que no menoscaben la integridad de las personas. "La ley trata de evitar que se pongan cámaras en lugar donde pueda afectarse la privacidad, como vestuarios y baños -dice Natalia De Diego, abogada senior en De Diego & Asociados-. Lo novedoso es que las empresas la usan como medio para preconstituir la prueba. No esperan a llegar a la demanda. En ese sentido es revolucionario el uso de la cámara o audio."
En cuanto a las cámaras que graban con sonido, Juan Carlos Cerutti, socio de Cerutti, Darago & Asociados, explica que registrar el audio sólo tiene sentido si se necesita saber de qué se está hablando, no para escuchar lo que dicen los empleados. "No podrían usarse en una línea de producción, pero sí se puede registrar las conversaciones que tienen los empleados de un call center. De hecho se hace y se avisa que es para mejorar la atención. También podría hacerse en caso de que la atención fuese presencial y no telefónica", comenta.
Las compañías recurren a filmaciones para proteger su propiedad, también para cuidar a sus empleados, disuadir hechos delictivos y determinar causas de accidentes, entre otros usos. "Cuando recién empezaron a instalarse las cámaras hubo mucho ruido, pero luego se fue diluyendo en parte porque las mismas empresas entendieron que debían usarlas para proteger activos y no para perseguir empleados", dice un profesional de RR.HH. de una textil que prefiere mantener el anonimato.
Aclara que las cámaras no son infalibles. "Su uso no impidió que nos enterásemos de que algunas de nuestras prendas se vendían por izquierda", reconoce.
Un caso real narrado por una de las fuentes que prefiere no dar su nombre cuenta que un hombre pasó por el área de vigilancia del laboratorio donde trabajaba y sonó una chicharra. Le tocó abrir su bolso y vaciar sus bolsillos, donde tenía 10 cajas de medicamentos oncológicos. La declaración de testigos y el video de una cámara de seguridad lo acorralaron. En la comisaría admitió que había hurtado los remedios y la grabación resultó una prueba contundente.
"El uso de cámaras de manera preventiva tiene que ver con que los conflictos son muy complejos. Los reclamos individuales cada vez son más y por montos más grandes", explica De Diego. Además, según el profesional, porque aumenta el delito en la empresa.
Según la última encuesta global sobre fraude de la compañía de inteligencia y mitigación de riesgos Kroll Advisory Solutions y The Economist Intelligence Unit, realizada entre 839 ejecutivos, 67% de las firmas que sufrió al menos un incidente de fraude dijo que el actor principal fue un empleado de la compañía.

EL IMPACTO DE LA CÁMARA

El dato supera al de 2011 (60%), y al de 2010, 55 por ciento. "Las cámaras disminuyen la intención de delinquir, se descubre fácilmente a los culpable al revisar las grabaciones y esto permite tomar medidas preventivas", dice Matías Nahón, titular de la oficina local de Kroll.
Ante el delito consumado, las filmaciones se usan para negociar la desvinculación de quienes se consideran en falta.
Hace unos meses, en un colegio de la ciudad de Buenos Aires empezó a faltar dinero y objetos de los empleados. Una filmación de una cámara en la zona de los lockers de un vestuario reveló que un trabajador saqueaba los bolsillos de la ropa ajena que quedaba colgada a la vista. Confrontado con la prueba, presentó la renuncia. La situación había afectado el clima de trabajo y la empresa decidió pactar la salida sin ir a la Justicia para evitar que el tema trascendiera.
Lo mismo suele pasar en casos de acoso sexual en los que se busca proteger a la víctima, y también evitar un escándalo mayor que afecte la imagen de la empresa.
En el caso del colegio, tal vez si el trabajador hubiese recurrido a la Justicia no le habría ido mal. La cámara estaba en un vestuario. Si bien apuntaba a los lockers y no a los baños y las duchas, ese dato sumado a que la filmación era el único medio de prueba podría haber convencido a un juez de que la intimidad del ladrón había sido violada.
"Es nula la filmación en lugares donde se afecta la intimidad. Tuvimos un caso en que se detectó que una persona se quedaba con objetos ajenos en un baño y, por estar ubicada la cámara ahí, invalidaron su uso", dice Julián de Diego, fundador y titular del estudio homónimo.
Hace unos años, una pareja fue filmada mientras tenía relaciones sexuales en una sala de un laboratorio de control de calidad. "Como la empresa los había despedido invocando esa causa, pero también los había indemnizado porque sus antecedentes eran buenos, los jueces condenaron por daño moral a la compañía. Pero como el daño moral era mínimo sólo fueron 10 pesos", relata De Diego.
Las expresiones de amor en el lugar de trabajo no son inusuales. "En una empresa donde trabajé filmaron a una pareja en actitudes poco aptas para una oficina. Ellos no sabían que había cámaras en ese lugar, la empresa no lo había comunicado porque intuía que algo pasaba", explica un gerente de RR.HH. que prefirió no ser identificado.
"Si la instalación no se comunica a los empleados, las cámaras tienen que estar muy visibles de manera que no haya equívocos. No podría haber una cámara oculta porque se estaría violando la intimidad del trabajador", aclara Cerutti. El uso de cámaras escondidas podría generar demandas por daño moral y lucro cesante contra la compañía.

EN CASOS EXTREMOS

"En derecho colectivo, en medidas de fuerza donde se ocupan plantas las empresas pueden constatar que la ocupación es ilegítima, bloqueos de entradas y salidas, y otras irregularidades con las filmaciones", dice De Diego. Eso sucedió en 2009 durante la protesta de trabajadores de Kraft Foods (hoy Mondelez) tras el despido de 162 personas. "Durante la toma de la planta, un grupo de empleados pretendió acceder a los silos harineros para contaminar la harina que después se debía emplear para la fabricación de galletitas y pastas. Por suerte las puertas blindadas y los candados no pudieron ser violados", recuerda Alberto Pizzi, CEO de la empresa en ese momento.
Durante el conflicto, además de las cámaras instaladas en el perímetro externo y zonas internas de las áreas administrativa y de producción, se pidió a la empresa que brindaba servicios de seguridad que registrase con cámaras manuales anomalías en los accesos y situaciones irregulares. Se hizo "para registrar responsabilidades en los actos de vandalismo o generación de hechos peligrosos como la quema de maderas de pallets cerca de la toma maestra de gas de la planta", dice Pizzi. Esas filmaciones, junto con testimonios de testigos y pruebas físicas, fueron utilizadas para demostrar ante la Justicia "que los reclamos eran acompañados de acciones violentas y demostrar la intención manifiesta de ocasionar costosos daños materiales".

Sorprende que sabiendo que se usan cámaras, algunas personas se arriesguen con conductas sancionables. Se debe en parte a la creencia de que no tienen valor probatorio en la Justicia. Se equivocan: si van a acompañadas de otras pruebas, las filmaciones ayudan a confirmar los delitos. De hecho, hay jueces que usan su computadora para mirar las imágenes en pleno debate judicial.

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martes, 29 de octubre de 2013

El búnker con ruedas que utiliza Obama




 
Se llama Cadillac One y, aunque es ahora cuando se han conocido muchos de sus detalles, en realidad este vehículo entró en servicio en 2004, bajo el mandato de George W. Bush; el coche vino a reemplazar a las anteriores berlinas presidenciale, pero supuso una notable mejora en la conducción y en la seguridad, ya que al parecer las limusinas usadas con anterioridad eran "terroríficas de conducir" porque eran muy pesadas y los frenos apenas podían detener el vehículo. Del Cadillac hay muchas cosas curiosas que comentar; la primera es que no hayuna sola unidad, sinó 12

 


Bajo su apariencia de lujosa berlina inspirada en uno de los coches de lujo más populares de Cadillac, el DTS, en realidad se encuentra la robustísima plataforma de una camioneta (en concreto, un : de ahí la enorme distancia entre ejes). a la que se la ha dado la apariencia de berlina. El coche, ensamblando en Detroit por una división secreta de General Motors (propietaria de marcas como Cadillac, Chevrolet, Opel), siempre es conducido por un agente federal del servicio secreto, altamente especializado en conducción evasiva y conocedor experto de cualquier tipo de arma.

Lo que dicho "piloto" tiene entre sus manos en un vehículo de 6,8 toneladas de peso (la mayor parte de esos kilos son, como veremos más adelante, "culpa" del blindaje del Cadillac) y un motor V8 con cerca de 600 CV, una potencia necesaria no para conseguir altísimas prestaciones (de hecho, se calcula que la velocidad máxima de este ronda los 100 km/h y que tarda en alcanzarlos unos 15 segundos), sino para desplazar a este vehículo de 5,48 m de largo con dignidad. En cuanto al consumo, y con los datos anteriormente expuestos, parece que la cifra de unos 30 litros cada 100 km se antoja bastante razonable.



Pero está claro que lo más llamativo de 'la bestia' es su equipamiento, preparación y los gadgets de dispone. Comenzando por el exterior, su carrocería dispone del más avanzado blindaje que se conozca; un buen ejemplo son las puertas, cuyo grosor supera los 20 cm o el de los cristales, por supuesto antibalas, que rondan los 12,7 cm. El blindaje del vehículo que, incluso, se extiende a los bajos del vehículo para contar con protección incluso frente a una bomba, es el resultado de combinar materiales como acero, aluminio, titanio, materiales cerámicos, fibra de vidrio; resulta tan pesado que es casi imposible abrir las puertas desde el interior (la publicación Autoweek equipara su peso a las de un Boeing 747). Por otra parte, los neumáticos son unos Goodyear especiales, anti-pinchazos y con el flanco reforzado en kevlar.

Otras cosas incluidas en el vehículo, según la prestigiosa publicación Autoweek, son el depósito de combustible reforzado y con una forma especial para evitar posibles explosiones, incluso frente a impactos de bala, un maletero con máscaras de oxígeno y un dispositivo para apagar posibles incendios a bordo. y un habitáculo que es como un pequeño búnker, aunque dotado de mucha tecnología y bastante confortable. Comenzando por la parte delantera, el puesto de mandos se caracteriza por incluir un sistema de comunicaciones y porque la ventanilla del conductor es la única que se puede bajar, aunque apenas unos centímetros.
Asimismo no falta un dispositivo con cámaras de visión nocturna que permita al conductor poder "manejarse" en situaciones de escasa visibilidad. Luego tenemos la zona en la que viaja el presidente, separada del conductor por una mampara que sólo se puede accionar desde las plazas traseras. El privilegiado ocupante dispone de todo lo necesario para seguir trabajando a bordo: ordenador, red wifi, una línea telefónica segura para comunicarse mediante video-conferencia con el vicepresidente o el Pentágono. incluso hay un sistema que permitiría depurar el aire del interior en caso de un posible ataque con elementos químicos.

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miércoles, 23 de octubre de 2013

CUBA: uno de los países más seguros del mundo


Un Código Penal implacable hace de Cuba uno de los paises más seguros del mundo

Autora:    Claudia Peiró
Fuente:    www.infobae.com



Se trata de una "sensación" de seguridad confirmada por los numerosos turistas que visitan la isla. El riesgo mayor es ser embaucado por algún cubano sediento de dólares con un "cuentito del tío", pero se trata de una experiencia que está a años luz de los riesgos que se corren en otros países latinoamericanos, donde el asesinato en ocasión de robo alcanza cifras récord.  
Podría pensarse que esto es resultado de un mayor grado de conciencia –el Hombre Nuevo, una de las banderas de la Revolución castrista- o de logros en materia social, pero 510 presos por cada 100.000 habitantes –la 6ª tasa más alta del mundo- apuntan más bien a la dureza de un Código Penal en las antípodas del garantismo: prevé la pena de muerte, castiga fuertemente la reincidencia, considera penalmente imputables a los jóvenes desde los 16 años –aunque con penas algo menores-, fija agravantes para el robo y el hurto tales como que tenga lugar en "vivienda habitada" o en un "transporte público", asimila la tenencia de drogas con el tráfico, y mantiene castigo de privación de la libertad para delitos menores o simples contravenciones: merodeo, vagancia y escándalo en la vía pública, entre otros. 
Delito de sospecha y castigo preventivo 
"El que cultive la planta Cannabis, conocida por marihuana (...), incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años" (la misma prevista para el traficante); la "embriaguez habitual", la "narcomanía" y la "conducta antisocial" son calificadas como "estado peligroso", es decir, "la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por [una conducta] en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista" y pueden dar lugar a medidas de "seguridad pre-delictivas"; el reincidente no tiene derecho a la pena en suspenso, puede ver su segunda condena incrementada en un 50% y, luego de cumplir sentencia, puede ser objeto de vigilancia especial. 
En concreto, el Código Penal cubano es un muestrario que va de la mano dura -pena de muerte por fusilamiento para delitos como asesinato, sabotaje o piratería- hasta la tolerancia cero más descarnada: si en Nueva York se aplicó a las más mínimas transgresiones, en Cuba directamente se reprime hasta el delito en estado de posibilidad: en efecto, el "estado peligroso" habilita a medidas tales como "internamiento en establecimiento asistencial, psiquiátrico o de desintoxicación", "asignación a centro de enseñanza especializada, con o sin internamiento", o "vigilancia por los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria". 
Merodeo o vagancia son figuras penales que el garantismo cuestiona por implicar discriminación social. En Cuba directamente se las asimila a la propensión a delinquir. Y habilitan de hecho a las autoridades a un castigo preventivo de esta "conducta antisocial" bajo la forma del tratamiento y la rehabilitación forzosos. 
Además, quien tenga relación con algunos de los "antisociales" arriba mencionados, puede ser objeto de una "advertencia" por la autoridad pública, mediante acta que deberá firmar ante la policía. 
Por otra parte, la simple tenencia de droga para consumo, se castiga con 6 meses a 2 años de privación de libertad. Y de 3 a 8 años al médico que prescriba drogas sin finalidad terapéutica. 
La edad de imputabilidad es de 16 años, pero hasta los 18 años la pena para el delincuente puede ser reducida en sus mínimos y máximos hasta la mitad. Y para los de 18 a 20, en un tercio. Los menores de 20 no son pasibles de pena de muerte. 
Castigo y vigilancia al reincidente 
En Argentina, donde la mayor parte de los delitos son cometidos por personas con antecedentes, el garantismo promueve la eliminación de la reincidencia con el argumento de que una persona condenada por un delito y que ha cumplido la pena no puede volver a ser castigada por el mismo delito.   
No piensan así los cubanos. La Sección 8ª del Código Penal cubano está dedicada a la reincidencia y a la multirreincidencia, y establece que la persona sancionada por un segundo delito de la misma índole verá su condena incrementada en un tercio, y en un 50% si es multirreincidente. Si el delito es de otra índole el aumento será de entre un cuarto y un tercio. 
Además, "en cualquiera de estos casos, el tribunal puede disponer (que), una vez cumplida la sanción de privación de libertad, el sancionado quede sujeto a una vigilancia especial de los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria por un período de tres a cinco años e imponerle" obligaciones tales como prohibición "de cambiar de residencia sin autorización del tribunal"; "de frecuentar medios o lugares determinados" o "cualquier otra medida que pueda contribuir a su reeducación".
Paredón 
La pena de muerte, por fusilamiento y a partir de los 20 años de edad, se aplica en casos de asesinato y otros delitos contra la Seguridad del Estado, tales como la conspiración, el sabotaje y la piratería. 
En el año 2003 fueron condenados a la pena capital tres ciudadanos por el secuestro de una lancha de pasajeros con la cual pretendían emigrar a Estados Unidos. Ni la intervención del papa Juan Pablo II pudo salvarlos del paredón. 
La Sección 7ª, define como "Piratería" –con pena de privación de libertad de diez a veinte años o muerte- el apoderarse por ejemplo de una nave y desviarla de su ruta. 
El asesinato está penado con 15 a 20 años de prisión o muerte. Cabe aclarar que la pena máxima es de 20 años pero puede extenderse hasta 30, precisamente en el caso de los delitos para los que también se prevé la condena a muerte. 
La propiedad privada se respeta 
Llamativamente, para un régimen basado en la propiedad colectiva, el hurto y el robo son penados con severidad y, sobre todo, tienen notorios agravantes.
Para el hurto se prevé la privación de libertad de 6 meses a 2 años o multa o ambas cosas , pero la privación de libertad es de 2 a 5 años si se actúa en grupo, si se comete "en vivienda habitada", si es por arrebato (sin lesiones); y aumenta aún más -entre 3 y 8 (ocho) años "si el hecho se realiza con la participación de menores". Un multirreincidente podría por ejemplo recibir 12 años. 
La preocupación de las autoridades por el orden hace que la pena por hurto sea de 2 a 5 años de darse "aprovechando aglomeraciones públicas o cualquier otra circunstancia propicia" para el arrebato. Un artículo destinado especialmente a los pungas. Y "si el hecho se realiza por un reincidente, la sanción es de privación de libertad de tres a ocho años". 
El robo con violencia o intimidación se sanciona con privación de libertad de 3 a 8 años. Y de 4 a 10 años si "el hecho se ejecuta en un vehículo de transporte público o de pasajeros" y de 8 a 20 años cuando "el hecho se comete en vivienda habitada" o de él resultan "lesiones graves", o con "arma de fuego o de otra clase" y si el hecho "se realiza por una o más personas (en) grupo organizado" o con la participación de menores. 
El artículo 53 del código considera "circunstancias agravantes" en general, el actuar en grupo organizado, la "participación de menores", la "crueldad" o "perversidad", el "cometer el hecho de noche, o en despoblado, o en sitio de escaso tránsito u oscuro", el aprovecharse de "la indefensión de la víctima, o la dependencia o subordinación de ésta al ofensor", encontrarse alcoholizado o drogado o cometer el delito durante el cumplimiento de una sanción o en libertad condicional. 
El orden es lo primero 
Existe en el Código cubano la figura de "escándalo público", que se sanciona con cárcel de 3 meses a 1 año o multa para quien "importune a otro con requerimientos homosexuales", "ofenda el pudor o las buenas costumbres con exhibiciones impúdicas o cualquier otro acto de escándalo público" o difunda pornografía. 
No hay benevolencia para las conductas delictivas o antisociales que apuntan a minar el orden y la autoridad estatal. Así por ejemplo existe la figura del desacato (por amenazas y ofensas a la autoridad, con sanción de 3 meses a 1 año de privación de la libertad y/o multa). 
En el capítulo referido a la Seguridad interior, se prevé que quienes, "tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el Gobierno, o por una autoridad civil o militar (...) o rehúsen obedecerlas, o realicen exigencias, o se resistan a cumplir sus deberes" serán sancionados con privación de libertad de diez a veinte años o muerte. 
Queda claro por lo anterior que toda manifestación antigobierno o piquete están vedados en Cuba. Por las dudas, también se prevé "sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa o ambas" para el que "en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas, dé gritos de alarma, profiera amenazas de un peligro común o realice cualquier otro acto con el propósito de provocar pánico o tumulto". 
Se castiga la ofensa y desobediencia a la autoridad (funcionarios, policía) con penas que pueden ir hasta la privación de libertad (3 a 8 años). 
Para los funcionarios también hay "mano dura": el cohecho puede ser castigado con un máximo de 15 años de prisión. 
Cárceles a pleno 
Existe el "trabajo correccional", como sanción, con internamiento. Léase: campamentos de trabajo.  
En cuanto a la libertad condicional, los primarios deben cumplir la mitad de la pena para recibir ese beneficio y los reincidentes tres cuartos.  
El intento de fuga, si es colectivo, tiene una pena de prisión de 4 a 10 años, además de la condena que ya se está cumpliendo. 
Si en la fuga hubo complicidad de un funcionario a éste le caben de 3 a 8 años de cárcel. Si fue sólo descuido, hay benevolencia: sólo será de 1 a 3 años. Y de 4 a 10 años de prisión para los que se amotinen en cárcel. 
En junio pasado, el gobierno modificó por decreto el Código y la Ley de Procedimiento Penal no tanto en función de suavizarlo sino fundamentalmente para resolver el problema de la superpoblación carcelaria
Los cambios, que entraron en vigencia el 1º de octubre, permiten, entre otras cosas, a los tribunales imponer multas en lugar de privación de la libertad en caso de que en la comisión del delito se evidencie escasa "peligrosidad social", y si la sanción prevista para el delito en cuestión no excede los tres años de privación de libertad. 
Se espera de este modo aliviar la presión sobre las más de 200 cárceles, centros de detención y campamentos de trabajo del sistema penitenciario cubano, donde existe una demasiado alta densidad por metro cuadrado.
Oficialmente, se reconocen unos 57.000 reclusos en la isla. Pero según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, la cifra real es de entre 65.000 a 70.000 personas.

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