Fuente: Diario La Naciòn (12 FEB 2012)
No hay zona de la Capital que escape de la ola de violencia e inseguridad. El brutal asesinato de un fotógrafo francés, apuñalado en el pecho, a plena luz del día por un delincuente que intentó robarle su cámara fotográfica cuando caminaba por la plaza San Martín, en Retiro, vuelve a mostrar lo desprotegido que se encuentra el distrito, donde los asaltantes, en soledad o en banda, atacan con la impunidad que les da saber que no se los controla.
No fueron pocos los testigos del sangriento hecho ocurrido anteayer que denunciaron públicamente que en ese parque de la ciudad suele no haber policías federales ni metropolitanos. Es cierto que hay cámaras de seguridad, pero su poder es más probatorio que preventivo. Ciudadanos y turistas terminan siendo víctimas de una pelea jurisdiccional por la seguridad que, en rigor, debería ser una política de Estado.
Anteayer, en la plaza San Martín, no había controles policiales a pesar de que se trata de una zona de transbordo con alta rotación de gente y marcado nivel de confrontación, de la que da cuenta un completo trabajo encarado por el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, titulado Informe de Conflictividad. En él se auscultan los niveles de enfrentamientos ciudadanos a partir de las denuncias que por delitos, contravenciones y faltas ingresan en el sistema judicial del distrito.
- En 2010, por ejemplo, las unidades fiscales porteñas recibieron poco más de 61.000 denuncias contra las 33.000 que habían ingresado en 2007.
- Para 2011, si bien los datos aún están en proceso, se calcula que serán unas 66.000. Es decir, la conflictividad sigue en aumento.
Lo interesante aquí es saber cuáles son sus disparadores. Entre otras variables, se ha tendido a establecer el tipo de delito que más se denuncia (claro está, dentro de los casos penales transferidos a la ciudad).
Encabeza la lista el de amenazas, precisamente con un intenso foco de concentración de casos en la zona aledaña a las estaciones ferroviarias de Retiro.
En tanto, el de daños ha mostrado cierto incremento en la zona norte, más acentuado en el barrio de Belgrano, mientras que la tendencia es a la baja en las denuncias por usurpaciones, centralizadas en la zona de los barrios de Balvanera, San Cristóbal, Almagro y Constitución. La tenencia, portación y suministro ilegal de armas de fuego de uso civil se concentra mayoritariamente en La Boca, Balvanera, Almagro, Liniers y Villa Lugano.
Datos igualmente reveladores surgen del análisis de las denuncias por contravenciones. Encabeza la lista el uso del espacio público para el ejercicio de actividades lucrativas sin autorización, es decir, la venta ilegal; la demanda ostensible de sexo en zonas públicas no autorizadas; la exigencia de retribución para cuidar vehículos en la vía pública ejercida por los cuidacoches o "trapitos" y los ruidos molestos. Mientras se redujo el ingreso de denuncias referidas al manejo de vehículos estando alcoholizado.
Otros datos interesantes que provee este estudio están referidos a quiénes protagonizan delitos, faltas y contravenciones en la ciudad y cuál es su situación social. Tal como están presentados los datos, hay que aclarar que esa caracterización está muy lejos de sembrar algún tipo de consideración discriminatoria.
Por el contrario, resulta sumamente importante a la hora de planificar políticas de Estado responsables, acciones integrales destinadas a contrarrestar esa conflictividad mediante la atención de sus causas profundas como la desigualdad, la falta de apoyo educativo y social para la población más vulnerable; el desempleo y el subempleo; la violencia intrafamiliar y escolar, y el uso de armas o el consumo de drogas, por citar sólo algunos parámetros.
Así, por ejemplo, del análisis surge que existe un marcado predominio del sexo masculino en la generación de conflictividad, en una relación de tres varones por cada mujer. Y que del total de personas que durante 2010 se han visto involucradas en la comisión de un hecho penal o contravencional, el 77% reside en esta ciudad, mientras que el 22% lo hace en el conurbano.
Otro dato no menor es que el 17% de ese universo de imputados presenta problemas habitacionales (reside en asentamientos, hoteles, pensiones o inquilinatos).
En cuanto a su nacionalidad, contrariamente a la suposición más común e infundada, el 69 por ciento son argentinos y representan el 0,22% de la población total de esa nacionalidad que habita en el conglomerado del GBA. Respecto del grupo de extranjeros que residen en esa área, la proporción representa el 1% de los imputados. Mientras que los de nacionalidad peruana triplican a los nacidos en Bolivia y en Paraguay.
¿Qué sentido tiene desmenuzar estos datos? El único que puede aceptarse, por cierto: el destinado a tomar como base esas circunstancias para la planificación de políticas de educación, integración y prevención, atendiendo a los factores culturales, sociales y económicos que subyacen en los problemas de convivencia.
A la realidad no hay que taparla, tampoco tergiversarla ni forzarle una intención que no tiene. Por el contrario, hay que darle un sustento tal que permita a las autoridades encarar las mejores soluciones tendientes a garantizar una buena convivencia. Soluciones, por cierto, en las que los gobiernos nacional, provincial y local deberían trabajar en forma conjunta para evitar que se repitan hechos como el sucedido en la plaza San Martín, en el que el único imputado por la muerte del fotógrafo francés, además, cuenta con antecedentes por robo.
---
