lunes, 21 de octubre de 2013

Piratería en el mar


La piratería en los tiempos modernos

La piratería en el mar es un delito que sigue vigente en nuestros tiempos, registrándose el año pasado más de 250 casos. Entre los más actuales se encuentran los secuestros a embarcaciones de Francia y España, que demuestran cómo los piratas de nuestro siglo lograron adecuar sus métodos para obtener rescates millonarios. La regulación de esta figura en nuestro país y su concepción a nivel mundial.


La piratería en el mar es una práctica que existe desde tiempos remotos y se mantiene en pleno siglo XXI, especialmente en el Océano Índico, y particularmente en las zonas adyacentes a la costa de Somalia.
Sin embargo, la piratería actual se diferencia de la clásica porque ahora los buques se abordan con lanchas rápidas, en horarios nocturnos y en forma sorpresiva, cerca de los islotes o de tierra firme donde se refugian los delincuentes.
Por lo general, se producen contra los buques que navegan por el Mar de la China, por el estrecho de Malaca (entre Indonesia y Malasia), en las costas de Bangladesh, en el Mar Rojo, en el golfo de Guinea, y aún frente a Ecuador y Colombia.
En su actuar, los piratas se apropian del buque y de su carga, y hasta se llega a repintar el casco de la nave, cambiar el nombre e incluso a matricularlo en registros de conveniencia como los que existen en Honduras, Myanmar y otros Estados. Así logran disfrazarlo y venderlo con todo lo que tiene adentro.
En la actualidad los hechos de piratería han cobrado gran trascendencia. Esto llevó a que países como Francia, Reino Unido y EEUU prepararan una resolución para combatir este delito. Así fue que el Consejo de Seguridad de la ONU elaboró un escrito en el que autorizaría a los países a luchar contra la piratería tanto en Somalia como en cualquier otro rincón del mundo.
El Estado francés busca que se realice una modificación del derecho marítimo internacional que permita la persecución de los piratas, sin los límites que establecen las aguas territoriales, en caso de flagrante delito, además de desarrollar patrullas marítimas internacionales en las áreas más peligrosas, como la zona entre Somalia y Yemen, el Golfo de Guinea y el Estrecho de Malaca, en Indonesia.
Esta decisión se desencadenó tras el secuestro de un atunero vasco asaltado por piratas somalíes en aguas internacionales del Oceano Índico, donde todavía no se llegó a un acuerdo monetario con los delincuentes. Este caso se suma al abordaje del velero francés en Somalía, donde estuvieron como rehenes los 30 miembros de la tripulación hasta que se pagó el rescate de dos millones de dólares. Posteriormente a la liberación de los afectados, se detuvo a los 6 piratas y se recuperó parte del botín.
Se trata de una práctica que está generando en ciertas partes del mundo, una inquietud a los navegantes y empresas marítimas, teniendo en cuenta que en el 2007 los ataques de piratas registrados a nivel mundial ascendieron a 263.
El acto de piratería está definido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) como “el acto ilegal de violencia o de detención, o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado”, o contra un “buque en alta mar, o contra personas y bienes a bordo de ellos, o contra un buque, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado”.
En el código penal la piratería en el mar se estipula como un acto delictivo, estableciéndose en el primer inciso del artículo 198 que “será reprimido con prisión de tres a quince años, el que practicare en el mar o en ríos navegables, algún acto de depredación o violencia contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida.”
El segundo inciso hace alusión a la piratería aérea, mientras que el resto de los apartados plantean otros supuestos como la utilización de violencia o engaño de los miembros de la tripulación con el fin de apoderarse del buque o la aeronave. El artículo 199, por su parte, plantea una pena agravada de diez a veinticinco años de prisión, en caso de que se cause la muerte a uno de los tripulantes del buque o en el avión.
También se distinguen diversos tipos de piratería entre la que podríamos llamar “de pequeña escala”, que recurre al abordaje del buque, al ataque o aún al asesinato de la tripulación para requisar los bienes que puedan encontrar a bordo. En cambio la “de gran escala” es llevada a cabo por bandas que cuentan con una buena organización de apoyo y se apoderan del buque, lo adecúan en algún puerto y reinscriben con un nuevo nombre por medio de una red de corrupción adecuada, en un registro internacional.
En el 2005 se denunció que el número de actos de piratería en el mar se habían elevado a cerca de 300. Entre los mismos se destacó el asalto de un barco español por un grupo de piratas somalíes comandados por mercenarios británicos, donde su armador tuvo que pagar un fuerte rescate, que hizo efectivo en Londres.
Otro caso característico ocurrió en el 2006 cuando se secuestró una nave de carga que transportaba 850 toneladas de arroz donado por Alemania y Japón para las víctimas del tsunami en el sudeste asiático, donde diez miembros de su tripulación fueron tomados como rehenes.
En Argentina también hubo un caso de tentativa de piratería marítima. A fines del 2007, un buque argentino que transportaba cereales por el mar de Arabia, cercano al Golfo Pérsico, sufrió la amenaza latente de tres embarcaciones piratas que intentaron abordarlo. El capitán se comunicó con la Prefectura Naval Argentina, que avisó a otra embarcación cercana al hecho y que fue a su rescate.
Lejos de las leyendas y cuentos, la piratería sigue en crecimiento y utiliza cada vez mejores equipamientos, demostrando que el delito sigue tan vigente como en tiempos antiguos

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martes, 1 de octubre de 2013

Empresas de Seguridad


Crece la contratación de las agencias de seguridad privada

Se trata de las empresas a las que el gobierno nacional le confía la custodia de organismos y edificios públicos del país.

Autor:      Fernando Oz
Fuente:    www.perfil.com



Sobrepasados por la inseguridad, el Gobierno no deja de aumentar sus gastos en la contratación de empresas de vigilancia privada para custodiar organismos y edificios públicos. Las miradas de guardias contratados por el Estado cuidan desde las instalaciones de la fábrica militar Fray Luis Beltrán hasta puntos claves de los aeropuertos internacionales.
Al margen de los discursos de campaña y los reiterados planes elaborados por la Casa Rosada para combatir el delito, lo cierto es que los empresarios de la seguridad están de para bienes. El negocio de la seguridad privada en el país, según diversas fuentes del mercado, es de unos 20 mil millones de pesos. Esta no deja de ser una cifra aleatoria ya que “no están incluidos los valores derivados de la seguridad electrónica que responden a parámetros de facturación diferentes a los de la seguridad física”, explicó un especialista.
En el país hay unas 1700 empresas de seguridad habilitadas. Al día de la fecha, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 459 firmas y en la provincia de Buenos Aires hay 406, sin sumar un grupo permanente de empresas que presentaron sus carpetas y están en estudio de habilitación. Las últimas estimaciones indican hay unos 147.500 vigiladores registrados oficialmente, número que obviamente se altera permanentemente por la altas y bajas derivadas de la rotación y el cambio de actividad.
En la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) nadie puede negar que en materia de seguridad física se registró un crecimiento sostenido del 5 al 7%, digamos que es superior al PBI. Y la vigilancia electrónica tiene un saldo favorable que llega al 22%. Los datos duros del mercado reflejan el aumento de la inseguridad y el déficit del Estado en su rol de garante del derecho a la seguridad. 

“Aproximadamente el 45% de la facturación de nuestra empresa viene del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Siempre hay que renegociar los contratos, pagan tarde y en algunos casos son malos pagadores, pero sin la participación del Estado habría la mitad de firmas dedicadas a la seguridad”, se sinceró un empresario del rubro que pidió mantener su nombre en reserva.
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, reclamó a los dirigentes de fútbol, en más de una oportunidad, que aumenten la dotación de guardias privados.
 Por otra parte, el gobierno de Mauricio Macri no bajó su gasto en el contrato vigilantes para espacios públicos como los hospitales porteños. El año pasado el gobernador Daniel Scioli dispuso la adhesión de mil vigiladores privados para sumar a los efectivos públicos al Operativo Sol. Según el presidente de CAESI, Aquiles Gorini, “en términos de tendencia alcista, debemos admitir que en determinadas circunstancias el Estado cede, sin delegar de ninguna manera, ciertos espacios semipúblicos o excepcionalmente públicos por cuestiones de interés”.
Por ejemplo, en estos tiempos cobra fuerza la idea de porqué el Estado a través de su fuerza pública debe custodiar espectáculos deportivos, eventos, recitales, etc. de carácter privado, que generan sólo renta particular para sus organizadores. Estos servicios deberían ser acordados entre privados, más allá de que las instituciones del Estado garanticen la seguridad general.


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viernes, 20 de septiembre de 2013

La tecnología, combate a la piratería


Fuente: El Cronista


Sesenta días atrás, la siniestralidad del transporte era un severo problema para el Grupo Peñaflor. El volumen de 600 viajes mensuales entre San Juan y Mendoza a Buenos Aires por la ruta 7 obligaba a buscar una solución con cierta urgencia. En julio, comenzó un trabajo de búsqueda de proveedores que culminó con la recepción de una propuesta por parte del área de consultoría de LoJack.

“Nos ayudaron desde la consultoría, que era la tarea primaria para encarar la problemática y adaptar la tecnología a nuestra flota. Fue un trabajo conjunto a partir de una alianza estratégica y, en el transcurso de estos dos últimos meses, bajamos la siniestralidad prácticamente a cero”, dijo a Transport & Cargo Matías Godoy, gerente de Transporte del Grupo Peñaflor.

LoJack debía dar una respuesta en forma rápida. Para tal fin, entre ambas compañías conformaron un equipo interdisciplinario desde el que se fueron tomando las distintas acciones.


“En la etapa de consultoría debimos entender cómo operaba el Grupo Peñaflor a nivel de procedimientos, seguridad, proveedores y transportistas. Repasamos todo e hicimos una propuesta que consistió en la instalación de dispositivos en los transportistas”, señaló Alejandro Junquet, gerente regional de Transporte y Cargas de LoJack.

No solo se atacó la seguridad vehicular sino también la de la carga.  Además del GPS instalado en el camión para su recupero frente a un eventual robo, se sumó un producto diseñado por LoJack para la carga. Ante un siniestro con transbordo de mercadería, es posible seguirla independientemente de dónde vaya el camión. 

“Este localizador de carga posee una logística interna que es necesario cuidar en detalle. Su batería debe ser mantenida en buen estado para que el dispositivo se encuentre activo y en operaciones en todo momento. Asimismo necesita esconderse porque si se sabe dónde está no sirve. El trabajo en conjunto con el Grupo Peñaflor, a partir de procedimientos específicos, logró que esos equipos mantengan la buena salud y puedan ser otra herramienta más de seguridad”, enfatizó Junquet.

Con aceptación

Un tema a considerar es que la totalidad de los productos del Grupo Peñaflor se transportan a cargo de terceros. 

“Se les explicó este nuevo procedimiento, y hubo buena aceptación de parte de los transportistas. Ellos saben que deben cumplir todo el proceso porque si una parte empieza a fallar, los equipos por más buenos que sean, no dan resultado. Para llegar a este punto, hubo muchas reuniones y los mismos transportistas entendieron la ventaja de las acciones que se tomaron. Hoy la gran parte de la flota tiene dispositivos de última tecnología”, resaltó Matías Godoy.

El procedimiento que se implementó abarcó todas las etapas. Cuando el camión ingresa, la persona de seguridad que lo recibe o dónde puede detenerse fueron partes de la operación de transporte de punta a punta, que culminó con la instalación de productos GPS.

 De tal modo, se puso en marcha un círculo virtuoso que benefició a toda la cadena: desde el Grupo Peñaflor, al transportista y el cliente final que obtiene la mercadería en tiempo y forma.

También a las compañías de seguro, que ya están comenzando a exigir dispositivos de GPS en el transporte de cargas.
Al mismo tiempo se estudiaron los distintos niveles de servicio.
“No es lo mismo un vino en las fiestas de fin de año o en marzo, que es una fecha intrascendente. Las posibilidades de robo son distintas, y los ladrones están muy atentos a esto”, aclaró Alejandro Junquet.


En el Grupo Peñaflor consideran que actualmente tienen un servicio justo y a su medida, aunque son conscientes de que todo va evolucionando permanentemente. Por tal motivo, se desarrolla un monitoreo constante y diario.

 LoJack dispuso un ejecutivo de operaciones que está en contacto permanente con la persona designada por ellos. Si se observa algo fuera de lo común, se analiza para trabajar en conjunto sobre ello.

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lunes, 2 de septiembre de 2013

Piratería del asfalto


Piratas del asfalto roban un camión cada cinco horas 


Fuente: Diario Popular

Los datos se desprenden de las conclusiones del V Documento de Trabajo de la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones y vienen a cuento del desbaratamiento reciente de una poderosa banda.


La banda de piratas del asfalto operaba en la zona sur del Conurbano, con tecnología avanzada, información precisa, golpes estudiados al detalle y con la "yapa" del ingenio, ya que armaban falsos operativos policiales para sorprender a los choferes de camiones.

 La semana pasada, cuando el grupo fue desbaratado tras siete meses de investigación, surgió el dato de que incluso manejaban un centro propio de distribución y venta de la mercadería robada. Los detalles del caso se relacionan a una problemática con cifras que revelan un robo de camión cada cinco horas en todo el país, en el marco de un aumento anual del 12%. Dato: 9 de cada 10 asaltos ocurren en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de las conclusiones del V Documento de Trabajo de la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones, con episodios registrados desde agosto de 2012 hasta el 31 de julio 2013. "En función de las estadísticas realizadas, observamos una frecuencia promedio diaria de 4,50 hechos por día, a un promedio de 134 mensuales, en todo el país, determinando un incremento de los hechos en este período del 12%", señala el trabajo, al que Diario Popular tuvo acceso.

Al anunciar la caída de la poderosa banda de la zona sur, el ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, explicó que "cada componente tenía un rol bien definido en el grupo y asaltaban, muchas veces con gorra de la policía, a todo tipo de transporte tanto de mercadería perecedera como no perecedera y a empresas proveedoras de electrónica", precisando que "los delincuentes habían conformado un centro de distribución y de comercialización propia y el modus operandi consistía en robar la mercadería, acopiarla muy rápidamente y luego poner sus negocios de venta propios con estos productos ilícitos".

Un rápido repaso por los "elementos" secuestrados en los operativos permite conocer la operatividad que tenía la organización: armas de fuego, chalecos antibalas, inhibidores de señal satelital, teléfonos inalámbricos y celulares.

En torno al trabajo estadístico del último año sobre la modalidad -estudio coordinado por los abogados especializados Gabriel Iezzi y Víctor Varonne-, se indicó que los delitos registrados en el año del estudio fueron 1.774 (consumados y en grado de tentativa), revelando que el 67% de los casos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires y el 20% en la Capital Federal, mientras que el 13% restante se reparte en todo el interior del país.

De todos los golpes en territorio bonaerense, 17% se denunciaron en Lomas de Zamora, 9% en Avellaneda, 9% en Florencio Varela, 3% en Quilmes y 6% en Esteban Echeverría, es decir que casi la mitad se registró en la zona sur del conurbano, claramente el área crítica. La Matanza, en tanto, representa el 18% de los hechos.

Al analizar las cifras de casos en Capital Federal, las luces de alarma se encienden en la zona sur: en Villa Soldati se concentra el 18%, Parque Patricios 13%, Pompeya 11% y Barracas 8%.
"En las variables de robo por tipo de mercadería, se observa que los mayores índices le corresponden a alimentos con un 28%, electrónica 21% y medicamento 14%".


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viernes, 16 de agosto de 2013

Policía Metropolitana: prohibición de uso de pistolas Taser


 Fuente: www.infobae.com

La Justicia ratificó el fallo de primera instancia en el que se prohibió el uso de las armas Taser X26 por parte de la Policía Metropolitana.

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó el fallo de la causa que se inició el 22 de febrero de 2010 por una denuncia del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) y que había sido apelado por el Gobierno porteño.

Los camaristas entendieron que "la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no debe soslayar, so pretexto del uso de las Taser por parte de ciertos países, los expresos mandatos constitucionales y las recomendaciones efectuadas por los Naciones Unidas y Amnistía Internacional, en cuanto consideran que dichas armas constituyen una forma de tortura que puede causar, en ciertos casos, la muerte de las personas".

"Razonablemente, cabe inferir que en un estado democrático, aún la mera sospecha de que el empleo de un arma, por parte de las fuerzas de seguridad, pueda derivar en una acción cruel, inhumana y degradante para la condición humana, impone extremar los medios de prueba tendientes a desvirtuarlo", agregó el fallo.

El ODH celebró la decisión de la Cámara al considerar que "se trata de una medida judicial histórica, por la que el Poder Judicial le pone un coto" al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

"El fallo se inscribe en el contexto de nuestra historia advirtiendo que el presente caso, finalmente, debe ser visto a la luz de la compleja historia argentina, uno de cuyos trágicos aspectos ha sido la utilización ilegítima (y extrema) de la violencia por parte del Estado", indicaron.

Por último, remarcaron que "el amparo resaltaba que el Comité Contra la Tortura de la ONU y otros organismos internacionales desaprobaron el uso de las armas tipo Taser, utilizada en más de 40 países y afirmaba que este tipo de armamento puede lesionar derechos como la vida, la integridad física y la salud de las personas".


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Sustracción de automotores


Un delito que no cede: El robo de autos sube 6,9% y 6 de cada 10 son en el GBA

Fuente:   www.clarin.com

Fecha:    16 AGO 2013


El sábado pasado a la noche, una ejecutiva brasileña fue asaltada por dos ladrones cuando llegaba en su camioneta a la casa de una amiga de su hija, en la calle Caseros al 700, en Florida. Acompañada de su marido, Isabela Constantini estacionó su 4x4 Chevrolet Captiva y cuando bajó, fue sorprendida por dos hombres armados que escaparon con su vehículo. Este fue uno de los últimos robos de autos de una seguidilla registrada en el partido de Vicente López, de los cuales al menos tres terminaron con sus dueños muertos a tiros.
Estos hechos parecen indicar que la tendencia registrada en el primer semestre de este año continúa: según un informe que difundió ayer del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), en ese período el robo de autos en todo el país aumentó un 6,9% con respecto a igual período de 2012 .
Pero uno de los datos más significativos del informe es que seis de cada diez casos registrados en todo el país –es decir, el 60%– ocurrieron en el Gran Buenos Aires.

El informe del Cesvi –elaborado a partir de datos aportados por las compañías aseguradoras– revela también que los asaltos cometidos a mano armada subieron dos puntos porcentuales: fueron con esta modalidad en el 37% de los casos, contra el 35 relevado en la medición anterior.

También se detectó un notable aumento de sustracción de vehículos en ciudades del interior del país, donde este delito creció un 14,7%, más del doble de la media nacional.

“Entre las provincias más afectadas están Mendoza, Santa Fe y Neuquén”, detalló Fabián Pons, gerente general del Cesvi.

En el GBA el alza total fue del 7,6%, aunque con bajas registradas en Tigre, General Rodríguez y Quilmes.

También hubo una disminución de casos en la Capital Federal: 3,1%.

En el Conurbano, la zona más afectada fue el Oeste, que sumó el 39% de los robos cometidos en el cordón que rodea a la Capital, además de experimentar un incremento del 18,2 % de casos en el periodo señalado.

 Hasta ahora, la Zona Sur históricamente había sido la de mayor cantidad de robos de autos en el GBA: esta vez registró una baja de 5,3%.

En el conurbano Norte el delito subió un 11,8%. El partido de Vicente López concentró el 21,3% de los casos en esta zona, seguido por San Isidro, con 9,5%. Pero mientras en el primero el alza fue de 7,2% en el segundo fue de 25,8%.
Ambas localidades fueron ampliamente superadas por partidos como San Martín (donde hubo un aumento de 37,8% de robos), José C. Paz (41,1%), Escobar (57,1%) y un poco más abajo, San Fernando, con un alza del 29%.

Además de la importante suba que se vivió en Escobar en los primeros seis meses, fenómenos similares involucran a otras localidades como Berazategui (con un aumento del 53,9 %) y Hurlingham (con una suba del 47,5%).

“Nos sigue llamando la atención la repetición de algunas tendencias, como el aumento de hechos en el Gran Buenos Aires y en el interior del país. Es notorio que hay un fuerte traslado del delito hacia algunas provincias y está claro que la baja en este tipo de casos tiene que ver con decisiones políticas. Hay partidos que están dando una batalla frontal y otros parecen ser más relajados”, concluyó Pons
 
 
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jueves, 15 de agosto de 2013

La gestión de emergencias



Autor: Lic. Ricardo Nievas
Fuente: www.CXOcommunity.com 
(Blog Seguridad Corporativa)




 
Dispuesta la estructura organizativa para implementar el plan, programa o proyecto, se deberán impulsar las actividades, motivando, orientando y coordinando a quienes tengan la responsabilidad de llevarlas a cabo.
Es decir, se deberá cumplir la función administrativa conocida como Dirección.
Con el objeto de visualizar con claridad los contenidos de esta fase, se han agrupado en siete componentes:

- Autoridad
- Responsabilidad
- Delegación de funciones
- Toma de decisiones
- Liderazgo
- Motivación
- Comunicación


Autoridad

Poder de tomar decisiones y hacerlas cumplir.

Henri Fayol la define como el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer.

Existen diversas formas de autoridad. Aquí se agruparán según su origen.

Otorgada por normas

- Propiedad, Ley o posición
- El propietario de un bien es el que decide cómo, cuándo y quién lo usará.
- Ley dispone quién detenta la autoridad. Ej. Ley de Acefalía; fija el orden de sucesión presidencial.
- La posición de la persona, dentro de la organización, le confiere la autoridad necesaria para cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo. Ej. Jefe de División.


Otorgada por consentimiento
 
- La base de la autoridad está en quienes la confieren, sin mediar norma ó documento alguno.
- En este caso es la aceptación de las órdenes, por quien debe cumplirlas, la que reconoce autoridad en quien las emite.

- Emergencia: La que una persona o grupo confiere a quien asume la responsabilidad de enfrentar una situación no
prevista o eventual.

- Técnica: La que se reconoce a una persona por la vastedad y solidez con que maneja ciertos conocimientos y habilidades.


- Por Competencia: Autoridad conferida a quien ha demostrado competencia a través de logros exitosos en el manejo de
problemas o situaciones similares pasadas.


- Mandar: acto de integrar los esfuerzos de miembros del grupo de modo que, al cumplir las tareas asignadas, satisfagan
los objetivos individuales y del grupo.

La autoridad es, en síntesis, el derecho de exigir conductas a otros.

Responsabilidad

Obligación y compromiso de cumplir, de la mejor forma posible, las tareas asignadas y de dar cuenta de ello.

La responsabilidad es un componente inseparable de la autoridad.

No se concibe autoridad sin responsabilidad.


Delegación de funciones

Asignación de funciones propias del administrador, que éste hace a otra persona.

En cualquier institución, por pequeña que sea, puede darse la circunstancia de que un administrador no pueda ocuparse
de alguna de sus funciones; ello obliga a delegar autoridad a otro, a fin de que cumpla dicha función.

El delegado tiene el poder de decidir sobre aspectos relacionados con esa función específica (autoridad) y asume la
correspondiente responsabilidad.

El delegante mantiene la autoridad y la responsabilidad final sobre lo que ha delegado.

Algunos administradores se resisten a delegar, tratan de hacerlo todo personalmente y, de esa manera, debilitan la
organización.

Motivos para delegar


El administrador puede tener las siguientes razones:

- Carga de trabajo (cantidad y complejidad que afectan el alcance de control)
- Necesidad de tiempo para otras tareas en las que su intervención personal es imprescindible.
- Aprovechar la capacidad del personal y procurar su crecimiento.
- Necesidad de capacitar.

Requisitos para delegar

- Admitir la necesidad: El administrador debe confiar en que la delegación de funciones le acarreará beneficios, lo ayudará a desarrollar un eficaz esfuerzo de grupo, le facilitará multiplicar sus esfuerzos, beneficiará a los subordinados y facultará a stos para aportar el máximo de su capacidad.

- Decidir qué tipo de función delegar: Es posible preparar una lista, de modo que las funciones a delegar queden predeterminadas. Esto vincula la
delegación con el planeamiento y la hace parte de la modalidad administrativa seguida.


- Elegir cuidadosamente al delegado: la función debe ser proporcionada a una persona escogida. Debe ser alguien capaz de tener éxito. Se dará oportunidad a aquellas personas que no están desarrollando todas sus aptitudes.

- Ayudar al delegado: Ayudarlo, pero sin decidir por él. Como norma general, si el delegado solicita ayuda hay que concedérsela,
pero hacerle su trabajo niega los beneficios de la delegación. El delegante debe ponerse a disposición del delegado, estimularlo y formularle preguntas destinadas a explorar y descubrir posibles soluciones.


- Establecer un sistema de control de la delegación: Los delegantes deben mantenerse informados para tener conocimiento de lo que está ocurriendo y ubicarse en na posición apta para aplicar medidas correctivas, si fueran necesarias. Para disponer de esa información, podrá recurrirse a informes escritos, auditorias o reuniones periódicas.
La delegación de funciones cobra especial importancia en el Sistema de Comando de Incidentes (SCI). Cuando un primer respondedor llega al lugar donde se ha producido un evento y asume el mando pasa a ser el comandante del Incidente (CI). Además de la función de comando asume otras siete funciones que son características el sistema.

A medida que los recursos (personal; vehículos de transporte, de extinción de incendio y escaleras, con sus correspondientes operadores) se van sumando, se le dificultan al CI las comunicaciones con los equipos de trabajo. Para mantener el control de las acciones, el CI va delegando funciones. 

Las de Seguridad, Información pública y Enlace quedarán, cada una a cargo de una persona. A medida que aumenta el número de unidades subordinadas, delega la función de conducir operaciones en un Jefe de Operaciones y, según necesite, hace lo propio con Planificación, Logística y Administración/Finanzas, manteniéndose hasta aquí el carácter funcional de la estructura.

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